Gerardo Cortinas Murra

Dos consideraciones previas:

1. El exponencial crecimiento de la inseguridad pública en el país, ha obligado a los gobiernos estatales a implementar y dar seguimiento a las llamadas ‘Mesas de Seguridad y Justicia’ en las que participan autoridades de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes y por ciudadanos; cuyo objetivo es “la construcción de una agenda común sobre seguridad y justicia”.

2. En mi calidad de víctima del delito, durante más de veinte años, he sido testigo de la corrupción en la procuración e impartición de justicia; cuya consecuencia, ha sido sufrir en carne propia -al igual que miles de chihuahuenses- la ineptitud e indolencia de los agentes del MP, de los jueces y magistrados, tanto federales como locales.

Hoy en día, la actividad del Fiscal General del Estado, César Jauregui, se centra en atender los delitos de alto impacto; que en principio, deberían de ser atendidos por la FGR; sin embargo, esta dependencia federal ministerial se encuentra diezmada, por la absurda política económica del gobierno federal. Al extremo de que el número de agentes del MP federal son insuficientes para dar abasto a los casos de delitos del orden federal.

Obligando con ello, a los gobiernos estatales a realizar las indagatorias del crimen organizado y, por ende, mermando la actividad que les corresponde en cuanto a los delitos del orden común.

Estas circunstancias fácticas, generan dos efectos perversos: el primero, que las denuncias presentadas por los ciudadanos chihuahuense prescriban por la excesiva carga de trabajo de los agentes del MP estatales.

Segundo, la prescripción de las denuncias penales, por la apatía ministerial, constituye una violación al derecho humano al acceso efectivo a la justicia, en perjuicio de los ciudadanos chihuahuenses que tienen la desgracia de ser víctimas de delincuentes.

Hace años, escribí varios artículos periodísticos en los que denunciaba que:

…la FGE está obligada a responder públicamente con el propósito de que la sociedad chihuahuense esté en condiciones de calificar a los abogados que serán los encargados de conducir la actividad investigadora del delito. De no ser así, se corre el riego de que la nueva generación de agentes del MP sean simples funcionarios improvisados y, con ello, que la procuración de justicia continúe siendo -como lo ha sido hasta hoy- un servicio público carente de profesionalismo.

Al respecto, el ministro de la SCJN, Sergio A. Valls, nos recuerda que en varios países de Europa existen los Consejos Fiscales, encargados de seleccionar a sus fiscales o agentes del MP, donde “el ingreso se produce a través de un examen público de oposición que es el mismo que se aplica a los aspirantes a ocupar plazas de jueces penales”.

“La lógica es simple: al realizar una actividad que es materialmente jurisdiccional, es decir, equivalente a la de un juez, como es valorar ciertas pruebas, acusar a alguien de un delito y en general conducir todo el procedimiento de acusación hasta su última fase, los agentes del MP deben tener el mismo nivel de conocimiento que los que tienen los jueces… (por tal motivo) “el Estado les proporciona un prolongado e intenso adiestramiento en su campo de especialización... (ya que) son parte de un servicio civil de carrera dignamente remunerado, al que por tanto se le exige altos niveles de eficacia”.

En cambio, en Chihuahua se contrata a abogados recién egresados e, inclusive, a pasantes sin ninguna experiencia alguna. ¿Por qué no entonces enderezar el rumbo? ¿Por qué no seleccionar a una pléyade de abogados litigantes en asuntos penales, con amplia experiencia y reconocida capacidad? Claro, siempre y cuando se les ofrezca un sueldo decoroso y sin que implique un gasto extra para el gobierno estatal, con tan solo reducir el financiamiento público a los partidos políticos y eliminar ciertas partidas superfluas de los organismos electorales.

Por desgracia, la realidad en nuestro Estado es otra: hoy en día, en franca violación a la Ley, varios estudiantes de las Facultades de Derecho laboran como agentes del MP; y lo que es peor, sin haber aprobado examen de aptitud alguno para ingresar al servicio público. Así las cosas, ¿Cuándo logrará la FGE que el desempeño de la investigación del delito sea eficiente y oportuna? Nunca. Más aún, cuando ella misma premia la ineptitud ministerial al ascender a agentes del MP, cuyo desempeño personal ha sido no solamente cuestionado por la opinión pública, sino además, denunciado en sus propias narices.

Y a pesar de ello, las autoridades estatales todavía tienen el cinismo de solicitar la colaboración de la ciudadanía chihuahuense en la indagatoria de los delitos; cuando lo cierto es que, si no fuera porque la Ley penal autoriza a las víctimas del delito para coadyuvar con el MP, la impunidad de los delincuentes ‘de sangre azul’, sería absoluta. ¿O acaso no es así?, amable lector.

Por desgracia, en el nuevo sistema de justicia penal, la aplicación excesiva del principio de inocencia por los ‘gerber’ ministeriales que laboran en la Unidades Especializadas de la PGJE, llega al extremo de convertirlos en defensores de oficio de los delincuentes.

Y dígame usted, estimado lector, si no es así: cuando alguien es víctima de la comisión de un delito, y presenta la correspondiente denuncia penal en contra quien o quienes resulten responsables, la obligación de los agentes del MP es la de promover y dirigir la investigación y realizar, por sí mismos, o encomendar a la policía todas las diligencias de investigación que consideren conducentes al esclarecimiento de los hechos.

A partir de que tengan conocimiento de la existencia de un hecho que revista caracteres de delito, los agentes del MP tienen la obligación de proceder “de inmediato a la práctica de todas aquellas diligencias pertinentes y útiles al esclarecimiento y averiguación del hecho, de las circunstancias relevantes para la aplicación de la ley penal, de los autores y partícipes, así como de las circunstancias que sirvan para verificar la responsabilidad de éstos”.

Sin embargo, en la cruda realidad cotidiana, basta con que la víctima del delito desconozca el domicilio del delincuente para que los agentes ministeriales den ‘carpetazo’ a la investigación, aduciendo que sin la comparecencia del malandro no es posible dar inicio a la indagatoria del delito. Lo mismo acontece cuando los delincuentes señalan domicilios falsos.

Al respecto, la comodina postura de los agentes ministeriales es tal, que cuando las víctimas del delito les informan de los lugares que frecuentan los malandros para que sean llamados a declarar; de manera por demás humillante, pretenden que sean los propios ofendidos, quienes les entreguen el citatorio de comparecencia a los delincuentes. De esta manera, los agentes ministeriales ‘delegan’ sus atribuciones indagatorias a las víctimas del delito.

En mi caso personal, como ya es común, el afán vengativo de los gobernantes en turno, por mi actividad periodística, es evidente y manifiesto; ya que a pesar de estar plenamente acreditados los hechos delictivos cometidos en mi perjuicio; los agentes del MP que tienen a su cargo las carpetas de investigación -durante más de dos años- han sido negligentes en judicializarlas.

Obvio, con el insano afán de que prescriba la acción penal y consumar la venganza en contra de “ese periodista incómodo”..

OTRO SI DIGO:

Por este conducto, públicamente, solicito la intervención del Fiscal General del Estado, César Jauregui, para intervenir en este caso de corrupción ministerial y evitar que los actos delictuosos cometidos en mi perjuicio queden impunes.